Segundo gran revés para los técnicos del Ayuntamiento de Tarragona con el contrato de la basura. Después de que hace 11 meses el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic anulara la adjudicación a la empresa ganadora del concurso público –GBI Paprec– «por incumplir el pliego de condiciones» sin que la mesa de contratación lo castigara suficientemente, ahora el Diari ha podido contrastar que el tribunal administrativo vuelve a contradecir a los altos funcionarios municipales y acepta a trámite los recursos especiales presentados por GBI Paprec y FCC.
Así lo confirman a este periódico fuentes de la Conselleria de Economia de la Generalitat de Catalunya –que es el Departament del Govern en el que técnicamente está adscrito el tribunal administrativo–, que resaltan que «con la presentación de los recursos especiales, automáticamente queda paralizado y suspendido todo el proceso» hasta que haya resolución, en un máximo de tres meses. Por ello, tras adjudicar a Urbaser el pasado 24 de abril, el consistorio no ha formalizado el contrato de 20,1 millones al año durante una década. «Está suspendido, pero no por un acuerdo, sino por un automatismo legal», indica el secretario general del consistorio, Joan Anton Font.
La admisión a trámite supone la suspensión del proceso hasta que haya resolución
Otras fuentes indican a este periódico que el Tribunal de Contractes notificó al Ayuntamiento la aceptación a trámite de los recursos «a principios de la pasada semana». Sin embargo, se da la circunstancia de que, bastantes días después –este mismo lunes–, el secretario del consistorio aseguró públicamente en rueda de prensa su «convencimiento» de que los recursos presentados por las dos empresas licitadoras contra la reciente adjudicación a la segunda clasificada, Urbaser, «no se admitirán a trámite» porque «todo lo que dicen ya se analizó en el recurso del año pasado», presentado por Urbaser contra GBI Paprec, que fue aceptado y que supuso la eliminación de la firma francesa.
«Tenemos toda la confianza en el secretario general. Esperamos firmar con Urbaser en julio»
Sonia Orts
Concejal de Limpieza
Tras la exclusión de GBI Paprec en junio del 2024, cuatro altos funcionarios firmaron un informe jurídico en el que aseguraban, taxativamente, que con la ejecución de la resolución del Tribunal de Contractes excluyendo a la primera clasificada para adjudicar a la segunda «no se puede volver a interponer recurso especial en materia de contratación» sino, en todo caso, «un incidente» en relación al cumplimiento del acuerdo del tribunal administrativo.
Este informe fue elaborado por el secretario general del Ayuntamiento, Joan Anton Font; la Cap de Servei de Contractació, Noelia Parreño; el viceinterventor general, Javier Requejo; y la Cap de Gestió de Serveis Públics, Lídia Bartra, y defendía la actuación de los servicios municipales ante las críticas del Tribunal de Contractes, que tildó la gestión de los altos funcionarios tarraconenses de «no estar ajustada a derecho».
«La aceptación a trámite demuestra que las cábalas del gobierno tocan poco de pies en el suelo»
Xavier Puig (ERC)
De hecho, en el acuerdo del pleno municipal de hace 14 días que adjudicó a Urbaser con los 14 votos que sumaron PSC (9), Junts (3) y no adscritos (2) se detallaba que «contra el presente acuerdo no procede la interposición de ningún tipo de recurso administrativo, por haberse adoptado en ejecución de una resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic», por lo que «si se estima que su contenido no se ajusta a lo resuelto por el tribunal, podrá ponerse en conocimiento mediante el correspondiente incidente de ejecución». Pese al acuerdo y la opinión de los servicios jurídicos municipales, tanto FCC como Paprec apostaron por presentar un nuevo recurso especial ante el Tribunal de Contractes, al entender que «se trata de un nuevo acto administrativo».
Ahora, el Tribunal de Contractes da la razón a las empresas contra el posicionamiento de los servicios jurídicos municipales, cuyo razonamiento fue defendido por el secretario general tanto en la rueda de prensa de este pasado lunes como en la junta de portavoces del martes, asegurando que «no se volverá a analizar lo que ya está resuelto desde el 2024», si bien ya no descartaba que el organismo administrativo pudiera aceptar a trámite los recursos.
El gobierno apoya al secretario
Por primera vez, ayer el gobierno municipal habló de la crisis del contrato de la basura. Lo hizo la concejal Sonia Orts (PSC), quien defendió la actuación del secretario general, mostrando su «total confianza» con el secretario general. Por ello, Orts espera que, según la opinión de los juristas municipales, el tribunal administrativo desestime los recursos para firmar con Urbaser «en julio».
«Se constata que la vía administrativa no estaba acabada. No me puedo creer que el gobierno no lo supiera»
Jordi Collado (ECP)
La aceptación a trámite de los recursos generó críticas en ERC y ECP. «Esto contradice todo lo que se nos ha dicho hasta ahora, incluso en la última junta de portavoces», aseguró el edil de Esquerra Xavier Puig, quien considera que la situación generada «demuestra que las cábalas del gobierno municipal tocan poco de pies en el suelo», recalcando que el ejecutivo de la Plaça de la Font «está sometiendo su mayor contrato a un casino judicial». El principal partido de la oposición critica que, durante varios días, «el alcalde no haya dado la cara, escondiéndose tras el secretario general».
Por su parte, Jordi Collado (ECP) cree que «se constata que la vía administrativa no había acabado. Y no me puedo creer que el gobierno no lo supiera». El edil de los Comuns critica la «cobardía política» del gobierno municipal por «huir de estudio y trasladar la patata caliente al tribunal», ya que «no se quiere asumir el coste de una decisión impopular». El lío de la basura entre en su fase definitiva: la de a caixa o faixa.
