El estudio del aire de Tarragona empezará en otoño y priorizará los picos de contaminación en seis barrios

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) empezará este otoño a realizar el estudio de la contaminación atmosférica de la ciudad de Tarragona. Ayuntamiento y entidad docente firmarán este mes de junio el contrato, valorado en 533.000 euros durante 43 meses, para un trabajo que prevé analizar la presencia de 72 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en el aire del término municipal durante las 24 horas del día y los siete días de la semana a lo largo de dos años y medio.

Una vez se formalice la adjudicación del pasado 12 de mayo, el ente público tiene tres meses para realizar un primer estudio previo de contaminantes y su dispersión, en base a los trabajos ya realizados por otros equipos. Paralelamente, durante estos primeros 90 días también se instalarán los equipos tecnológicos para empezar, entre finales de septiembre y principios de octubre, a recoger muestras y datos de analítica.

En total, la UPC instalará equipos en seis puntos de la ciudad de Tarragona, que estarán ubicados en las cinco zonas en la que se ha dividido el mapa del término municipal: Ponent, Llevant, Nord, Eixample y Centre. En los emplazamientos escogidos –que todavía no se han concretado más allá de detallar que serán equipamientos municipales como escuelas, bibliotecas o centros cívicos– se habilitarán cuatro sensores generalistas, por lo que la previsión de los técnicos de la Universitat Politècnica es la de poner en liza 24 sensores.

Según las exigencias del contrato, la UPC presentará un primer análisis parcial a los seis meses de muestreo, previsiblemente a finales de la primavera del 2026. Asimismo, también se realizará un segundo informe previo tras doce meses de estudio: en otoño del 2026.

«Será un estudio pionero. Seguiremos negociando para que la Generalitat también haga otro»Guillermo GarcíaConcejal de Medi Ambient

Este segundo trabajo deberá incluir «propuestas de mejora». En ese momento se abrirá la puerta a modificar alguna de las ubicaciones, dos de las cuales todo parece indicar que serán Sant Salvador y Torreforta.

Tras este posible cambio habrá 12 meses de nuevos análisis ininterrumpidos, presumiblemente entre principios del 2027 y de 2028. A partir de entonces se elaborarán las conclusiones finales, que se presentarán en público entre finales del 2028 e inicios del 2029.

¿Estudios específicos?

Según indican al Diari los dos investigadores que liderarán el estudio, Eva Gallego y José Francisco Perales, la novedad del estudio no será el promedio de contaminantes que se detecten durante un largo análisis, sino entrar al detalle de los episodios de picos de malos olores o de aumento sustancial de los compuestos volátiles.

«Con los sensores sabremos cuándo empiezan, cuándo acaban, su composición y, con la meteorología y las actividades que en ese momento estén en marcha, podremos tener una información mucho más completa», indican los doctores de la UPC, que resaltan que el objetivo «no es ir a por nadie ni señalar culpables», sino «ofrecer alternativas de mejora para una mejor convivencia».

Cabe señalar que en el pliego de condiciones del concurso público –que ha estado un año y medio en suspenso– se detalla que «en caso de que se detecten episodios de contaminación relevantes, el Ayuntamiento podrá solicitar estudios específicos y concretos valorativos de los mismos».

«La idea es mejorar la calidad del aire y poder generar avisos a las actividades para poder resolver las situaciones que surjan», detallan los especialistas de la UPC, que ven como un reto el análisis en un territorio «con una incineradora de residuos urbanos, un puerto, una industria potente y muchas vías de comunicación».

«Dar seguridad a la ciudadanía»

El concejal de Medi Ambient del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García (PSC), destaca que el estudio que empezará en pocos meses «será pionero», detallando que «iremos más allá de lo que nos marca la ley», ya que de los 72 elementos que se analizarán solo uno está legislado: el benceno.

«Queremos saber más para dar seguridad a la ciudadanía», detalla el edil, quien reconoce que «como Ayuntamiento tenemos muchas limitaciones porque no podremos actuar con las empresas ni saber la procedencia exacta del foco, solo aproximarla».

Por ello, desde finales del 2023 el consistorio ha negociado con la Generalitat para que fuera la administración autonómica la que asumiera el proyecto. «Este análisis debe ser territorial, no solo de la ciudad», reitera García.

Pese a formalizar en los próximos días el contrato con la UPC, el concejal afirma que «seguiremos insistiendo» para que el Govern impulse un trabajo propio. «Es compatible, cuanta más información haya, mejor. Este análisis es un primer paso, deberá ampliarse», resalta el edil para dar el pistoletazo de salida a un estudio que puede ser un punto de inflexión en el día a día de la ciudad.