La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como ‘ley antiokupas’, el pasado 3 de abril ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema judicial para combatir la ocupación ilegal de viviendas en España.
Esta norma, que modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación pasen a tramitarse como juicios rápidos, con la intención de resolverse en un plazo máximo de 15 días desde su llegada a los juzgados.
La ley contempla además la posibilidad de que los jueces decreten medidas cautelares como el desalojo inmediato y promueve una mayor coordinación entre cuerpos policiales, juzgados y servicios sociales.
La ley contempla además la posibilidad de que los jueces decreten medidas cautelares como el desalojo inmediato
Pese a estas medidas, se cuestiona su aplicabilidad práctica, ya que cada caso es diferente y, presumiblemente, no se procederá igual si hay personas vulnerables o no en la vivienda. Por otra parte, la lentitud del sistema provoca que los juicios rápidos no lo sean tanto, además de que también es posible que haya apelaciones a las sentencias.
Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y exadministrador de fincas en Tarragona, advierte que «en teoría parece que ha de ser más rápido y efectivo el desalojo de okupas», especialmente de quienes entran por la fuerza o sin consentimiento del propietario. Sin embargo, subraya que «el verdadero reto está en la inquiokupación», un fenómeno que la ley no resuelve directamente.
El perfil más común del inmueble ocupado en Tarragona corresponde a viviendas deshabitadas
«Los inquiokupas no son okupas en sentido estricto. Son personas que inicialmente entraron en la vivienda con contrato o con permiso del propietario, pero que se quedan cuando este permiso ha caducado o cuando dejan de pagar el alquiler. Para echarlos, el propietario tiene que iniciar un procedimiento de desahucio por vía civil, que no se beneficia del juicio rápido», explica Sosa.
Tarragona, entre las más afectadas por ocupaciones ilegales
La situación se vuelve especialmente tensa en provincias como Tarragona, donde los casos de ocupación ilegal no han dejado de crecer.
«En teoría parece que ha de ser más rápido y efectivo el desalojo de okupas», Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 785 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en la provincia, lo que representa un incremento del 22,3% respecto a los últimos cuatro años.
Esta cifra sitúa a Tarragona como la séptima provincia española con más delitos de este tipo, y una de las más afectadas en relación con su número de viviendas.
«El verdadero reto está en la inquiokupación», Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
El perfil más común del inmueble ocupado en Tarragona corresponde a viviendas deshabitadas pertenecientes a grandes tenedores o entidades bancarias, y no tanto a domicilios particulares: solo el 3,7% de las ocupaciones en la provincia se producen en viviendas habitadas.
La saturación de los juzgados puede convertir en papel mojado los plazos marcados por la ley
Obstáculos para aplicar la ley
Aprobada el 2 de enero y apoyada por partidos como PNV, PP, Junts, UPN e incluso, por error, Bildu y ERC, la Ley Orgánica 1/2025 llega tras la publicación del Real Decreto-ley 6/2023, que introdujo mejoras tecnológicas en el sistema judicial, como audiencias telemáticas y tramitación electrónica. Aunque este decreto no regulaba directamente la okupación, sí allanó el camino para una justicia más ágil.
Sin embargo, la saturación de los juzgados puede convertir en papel mojado los plazos marcados por la ley. En este contexto, la efectividad de la nueva normativa dependerá no solo de su formulación legal, sino de los medios materiales y humanos disponibles para aplicarla.
