Unos 35 jueces, magistrados y fiscales de los Juzgados de Tarragona se han concentrado este mediodía de miércoles a las puertas del Palau de Justícia de Tarragona para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los concentrados han estado convocados por cinco asociaciones judiciales y fiscales.
Los dos colectivos protestan principalmente por el nuevo sistema que piensa implantar el gobierno de acceso a jueves y fiscales, que consideran que no es «equitativo» ya que el examen para acceder a la carrera judicial por el cuarto turno ya se encuentra vigente.
Durante la concentración, la magistrada del Juzgado de Familia, Rocío Moreno, ha leído un manifiesto donde se denuncia que las dos reformas «no responden a demanda social alguna», que ha recibido un informe técnico «muy crítico» por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Consideran que con las modificaciones que piensa introducir el Gobierno «se va a rebajar la excelencia de los conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Centro para opositores
También se muestran críticos con la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno ya que, con ello, aseguran, hay el peligro de «selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Con las reformas se pretende convertir en jueces y fiscales a 1.300 que actualmente son sustitutos, «sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecutivamente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».
También se muestran muy disconformes con que se quieran ampliar las competencias del Fiscal General del Estado, «que seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe (...) el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
